Jóvenes secuestrados por Policía están incomunicados

Jóvenes Secuestrados Estelí

El 29 de septiembre del 2018 cinco jóvenes estudiantes, habitantes de la ciudad de Estelí, fueron prácticamente secuestrados por la Policía de ese departamento por manifestarse pacíficamente en contra del Gobierno. Días antes la Policía Nacional había emitido un comunicado en el que declaraba cualquier manifestación antigubernamental como ilegal, algo que entra en contradicción directa con la Constitución de la República de Nicaragua.

Los cinco estudiantes se preparaban para hacer un plantón, pero fueron perseguidos por agentes policiales y por elementos paramilitares. Los cinco fueron capturados y posteriormente los trasladaron al Chipote (Dirección de Auxilio Judicial en Managua), donde permanecen desde hace 10 días.

Los jóvenes detenidos son Tobías Rafael Gadea Fonseca (19 años), David Alejandro Ortez Rivera, Rugan Scott Ruiz Centeno, Kevin Pérez Valdivia y Kitzel Pérez Valdivia. El joven de apellido Ortez Rivera tiene nacionalidad costarricense y según sus familiares ya avisaron al consulado tico, y esperan que éstos se pronuncien en las próximas horas.

Los familiares de todos estos jóvenes detenidos han acudido a los organismos de derechos humanos del país, para denunciar que no les han permitido verlos, aún cuando ya pasaron las 48 legales para ser acusados y que se les ponga en marcha un debido proceso.

La demanda de los familiares es verlos y constatar que están bien físicamente. Sin embargo, a como ha sido el actuar de la Policía últimamente, los derechos humanos básicos están siendo violados en prácticamente todos los casos. Ni siquiera tiene la Policía el detalle humano de brindar información alguna sobre los detenidos.

CIDH y OACNUDH ya han señalado violaciones de Derechos Humanos por parte del Gobierno

La CIDH y la OACNUDH han emitido innumerables comunicados acerca de las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno de Nicaragua. No solamente por los arrestos ilegales, de los cuales hay cientos de evidencias, sino también por el hecho de utilizar el sistema judicial para criminalizar las protestas y negar el derecho fundamental de manifestarse a los nicaragüenses.

El Gobierno ha hecho caso omiso de los llamados de atención de la CIDH, OACNUDH y cualquier organismo supervisor de los derechos humanos y ha establecido prácticamente un estado de excepción.

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