Manifestantes estelianos acusados de terrorismo

Un total de ocho personas originarias de Estelí fueron acusados de terrorismo ante un juzgado de Managua. Al menos 11 de ellos son manifestantes que estuvieron presentes en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Terroristas Manifestantes Estelí

La Fiscalía los acusa de crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos, robo agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, sustancias o artefactos explosivos, tenencia ilegal de armas, asociación para delinquir y amenazas con arma de fuego.

Los ocho de los acusados fueron presentados en audiencia: Sergio Iván Arróliga (49), Otoniel Faustino Espinoza Calderón (20), Rubén Omar Guido Araica (42), Álex Mauricio Castillo Parrilla (20), Óscar Danilo Castro (51), José Daniel Álvarez Polanco (22), Juan Carlos Contreras (31) y Juan Alfredo Leiva Fuentes (61) son el primer grupo de procesados. Según la fiscalía estas personas son considerados acusados de “alta peligrosidad”.

Banda peligrosa que según fiscalía se formó el 22 de mayo

Es una banda de “alta peligrosidad” que se formó el 22 de mayo. Según la Fiscalía este grupo fue parte de los que intentaron un “fallido golpe de estado”, y según los mismos acusadores esta “banda” tiene el nombre de “Los Chapulines”.

Anteriormente otros diez ciudadanos de Estelí habían sido también acusados de “terrorismo”.

Terroristas a montones desde el 18 de abril

Bajo la figura de “terrorista” cientos de ciudadanos han sido arrestados sin orden alguna, trasladados a Managua, al Chipote y juzgados prácticamente sin evidencia. Para muchos estos son juicios políticos que buscan silenciar a líderes que se han dado a conocer desde el 18 de abril por encabezar las marchas y focos de resistencia contra el gobierno Ortega – Murillo.

El sistema de justicia junto a paramilitares armados por el gobierno constituyen una nuevas fase de represión en Nicaragua. Primero fue la represión armada contra estudiantes en los primeros días de protestas, luego “operación limpieza” con paramilitares y policía en todo el país y por último criminalización de manifestantes, secuestro de líderes e intimidación a la población en general.

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